La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) expresó una profunda preocupación por la serie de revelaciones que evidencian la utilización de instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sin ninguna justificación aparente, para perseguir y amedrentar a personas relacionadas con la investigación y denuncia de redes y casos de corrupción en México.
El uso arbitrario de los poderes del Estado en contra de ciudadanos que únicamente ejercen su libertad de expresión, como es el caso de nuestra presidenta María Amparo Casar y otras personas integrantes de la sociedad civil y del periodismo, es un precedente peligroso e inaceptable en un régimen democrático.
El poder del Estado mexicano debería dirigirse al desmantelamiento de las múltiples redes de corrupción documentadas ampliamente en éste y otros sexenios como el desvío de más de 15 mil millones de pesos en Segalmex. No a quienes las investigan y denuncian con pruebas documentales.
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En un régimen democrático no debería haber espacio para la persecución con fines políticos de quienes, con su trabajo, evidencian problemas que el gobierno debe resolver. Quien denuncia un acto de corrupción no debe ser ni adversario ni enemigo del gobierno sino un aliado para enfrentar esta terrible lacra que sigue tan presente como siempre en nuestro país.
